Las universidades públicas en Colombia reciben nuevo impulso con la reforma a la Ley 30: tendrán más recursos

En solo tres años, el presupuesto para las instituciones de educación superior públicas pasó de $5,5 billones a cerca de $12 billones en 2025, incluidos los recursos de gratuidad. 

Para 2026, la proyección superará los 13 billones de pesos y, con la entrada en vigencia de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, en 2027 el sistema recibiría cerca de $1 billón adicionales.

El Congreso aprobó ayer (15 de diciembre) la modificación de dos artículos de la Ley 30.  

La financiación estuvo atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), un mecanismo que resultó insuficiente para cubrir los costos reales de funcionamiento y garantizar la calidad académica.

Después de años de reclamos por un desfinanciamiento estructural y de una década marcada por la movilización estudiantil, la educación superior pública en Colombia empieza a saldar una deuda.

La reforma a espera de sanción presidencial, garantiza el fortalecimiento financiero para universidades e instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales.

Lucha

Hace diez años, miles de estudiantes salieron a las calles para defender la universidad pública y exigir una financiación acorde con su crecimiento. Hoy, esa exigencia se convierte en Ley de la República, con un nuevo modelo que promete reglas más justas, estabilidad presupuestal y sostenibilidad para el sistema.

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, destacó el carácter colectivo del logro y recordó el papel del movimiento estudiantil en este proceso. “Aquello por lo que se movilizaron hoy se traduce en una norma que reconoce la educación como un derecho y como un pilar para la construcción de paz”, afirmó.

Cambio

 A partir de ahora, los aportes de la Nación se ajustarán según el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE, lo que permitirá una asignación más acorde con la realidad del sistema y las necesidades de las instituciones.

La meta de largo plazo es alcanzar una inversión equivalente al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) en educación superior pública, frente al 0,52 % actual, acercando a Colombia a los estándares internacionales y a los promedios de los países de la OCDE.

Los nuevos recursos estarán destinados a ampliar el acceso, garantizar la permanencia y la graduación estudiantil, fortalecer el bienestar universitario, mejorar las condiciones de docentes y administrativos, impulsar proyectos de infraestructura, fortalecer la investigación y cerrar brechas territoriales y sociales.

Desde la U

El rector encargado de la Universidad Nacional de Colombia, Andrés Felipe Mora, subrayó que la reforma responde a una exigencia histórica del movimiento estudiantil y profesoral. Recordó que, entre 1993 y 2023, la matrícula de pregrado en la UNAL creció un 332 %, mientras que los recursos solo aumentaron un 167 %, una brecha que puso en riesgo la calidad y sostenibilidad del sistema.

Darcy González, representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario de la UNAL, señaló que la reforma permitirá fortalecer infraestructura, bienestar y planta docente, especialmente en las sedes de presencia nacional. “Es el primer paso hacia una verdadera reforma integral de la Ley 30”, afirmó.

*Con información del Congreso y la Universidad Nacional. 

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