8 años después condenan a responsables de la muerte de 41 niñas en un incendio: aún hay interrogantes

José Carlos Móvil

EFE | LA PATRIA | Ciudad de Guatemala

La justicia llegó finalmente este martes, más de ocho años después, para 41 niñas fallecidas y otras 15 heridas en Guatemala durante un incendio en una pequeña aula de un hogar estatal, donde se encontraban encerradas por orden de las autoridades, aunque varias incógnitas del caso permanecen.

Las lágrimas y el llanto estuvieron presentes hoy entre familiares de las menores en la audiencia final de un accidentado proceso judicial, interrumpido docenas de veces desde 2017 y que finalmente se saldó con cuatro exfuncionarios sentenciados por homicidio culposo y otros delitos como abuso de autoridad y maltrato de menores de edad.

Sin embargo, pese a la sentencia, quedaron en el aire algunas interrogantes planteadas por la misma jueza a cargo del caso, Ingrid Cifuentes, al frente del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal guatemalteco.

Cifuentes recordó que las fuerzas de seguridad, aquellos 7 y 8 de marzo de 2017, hicieron un "uso desproporcionado de la fuerza contra las adolescentes", ya que había "agentes policiales con armas de fuego y grilletes", medidas innecesarias contra menores de edad alojadas en un hogar estatal.

"Esto es muy delicado", expuso la jueza, quien ordenó investigar al expresidente Jimmy Morales (2016-2020) por su implicación en el caso, debido a su intervención directa mediante la cadena de mando de las fuerzas de seguridad.

La decisión del tribunal se dio después de 120 audiencias y escuchar a 107 testigos y 45 peritos a lo largo de los últimos 18 meses, además de los más de mil documentos aportados durante el debate oral y público.

Las 41 niñas murieron y otras 15 resultaron heridas por el incendio ocurrido el 8 de marzo de 2017 dentro de un aula en un refugio estatal denominado Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ubicado a las afueras de la Ciudad de Guatemala.

La jueza hizo una recapitulación de lo acontecido ese día y recalcó que cuando se informó que había humo dentro del aula, una de las sentenciadas, la subinspectora policial Lucinda Marroquín Carrillo, quien supuestamente tenía la llave de la habitación, aseveró: "Que se quemen esas hijas de la gran puta".

Marroquín Carrillo fue sentenciada este martes a ocho años de prisión por homicidio culposo y otros cinco años por maltrato a menores de edad.

Otra incógnita más

Durante el múltiple crimen, las menores fueron encerradas en una pequeña aula del hogar, después de haber escapado del lugar el día anterior y denunciar malos tratos e incluso supuesta trata de personas.

Las incógnitas también nacen precisamente por la solicitud de la juzgadora, que se cuestionó también por qué algunas de las menores fallecidas tenían en su organismo cantidades elevadas de sustancias como ansiolíticos, morfina, etanol, metanol y hasta fentanilo.

Cifuentes ordenó por tanto al Ministerio Público investigar "las circunstancias por las cuáles a través de peritajes toxicológicos se encontraron drogas terapéuticas o de abuso como midazolam, diazepam, entre otras, a los cadáveres" de las fallecidas.

El objetivo de la investigación será determinar si las adolescentes "tenían un tratamiento" psiquiátrico, les fueron "administradas en hospitales" dichas sustancias o el origen verdadero de las mismas.

"Llama la atención esta circunstancia", subrayó la jueza.

Aquel día, de acuerdo con el recuento de la jueza, 17 niñas murieron dentro del aula, otras dos en el área administrativa después de ser rescatadas y 21 más en dos hospitales de la Ciudad de Guatemala. La última víctima mortal de la tragedia falleció en Estados Unidos, a donde había sido trasladada para recibir tratamiento por las quemaduras. 

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