Aprueban adquisición de predios para obras de movilidad en 4 puntos de Manizales: Hay temor en la comunidad

El Concejo de Manizales aprobó este miércoles (27 de agosto) el proyecto 062 de 2025, que autoriza al alcalde, Jorge Eduardo Rojas, la adquisición de predios para la ejecución de infraestructura vial. 

La decisión, que busca dotar a la Administración municipal de instrumentos para agilizar proyectos de infraestructura, abrió un debate cargado de memoria, tensiones sociales y visiones contrapuestas sobre el futuro urbano de la ciudad.

Los proyectos son de intervención serían: 

Intercambiador vial de La Francia. 

Conexión nororiental de la avenida Kevin Ángel. 

Segunda calzada en el sector del Sena. 

Puente en la zona industrial de Manizales. 

El recuerdo de San José: heridas que no sanan

El ciudadano Jorge Omar Rodríguez puso sobre la mesa el caso del barrio San José, donde años atrás la renovación urbana estuvo marcada por denuncias de abusos, desplazamientos y pérdidas patrimoniales.

“En San José hubo un momento en el que se legalizó el abuso, la trampa y el despojo a través de esta figura de expropiación”, dijo Rodríguez durante su intervención, al tiempo que advirtió sobre la posible afectación de áreas verdes y el riesgo de profundizar la desigualdad.

En la intervención también surgió un interrogante que sigue sin respuesta clara: “¿Cuántas hectáreas de áreas verdes van a ser afectadas en la expropiación de esos territorios?”.

Más allá de las cifras, el mensaje buscó resaltar que las decisiones sobre el uso del suelo no pueden pasar por encima del derecho de las comunidades a una vivienda digna. “Será que es más importante tener escenarios para que el turista venga y disfrute veinte días, o será más importante tener vivienda digna para la comunidad que ha sido desplazada y vulnerada?”, cuestionó el ciudadano.

Garantías y diferencias

También emergieron voces que pidieron claridad y garantías. La concejal Paula Toro subrayó que, aunque la figura de la expropiación genera resistencia, la Constitución establece la obligación de una indemnización justa y equitativa, principio que debe guiar cualquier actuación de la administración.

“No se trata de desconocer el dolor ni la historia de San José, sino de asegurar un trato digno y un proceso de concertación real con quienes resulten afectados”, señaló, marcando distancia con lo ocurrido en el pasado.

El debate también giró en torno a aspectos técnicos: cómo se determinará el precio de los predios, qué ocurrirá con las actividades comerciales asentadas en terrenos de propiedad municipal, cuáles serán los costos de traslado y cómo evitar que el proceso se perciba como intimidatorio.

“El llamado es al respeto por el ciudadano, a que haya información clara y completa sobre el proceso, sin prácticas que puedan interpretarse como presiones indebidas. Es un tema que no solo pasa por lo legal, también por lo emocional”, puntualizó Toro

Una herramienta para viabilizar proyectos

Por su parte, la Administración municipal celebró la aprobación mayoritaria en el Concejo (17 votos a favor, uno en contra y un ausente) al considerarla una herramienta fundamental para avanzar en proyectos de ciudad que venían estancados.

“Este es un instrumento para la viabilización de nuestro proyecto. Celebramos la aprobación mayoritaria en esta corporación. Ahora nuestro compromiso será materializar este respaldo en resultados concretos para mejorar la vida de la comunidad”, afirmó el secretario de Movilidad de Manizales, Juan Felipe Álvarez Castro. 

Para la Alcaldía, la medida no es sinónimo de despojo, sino de capacidad de gestión. Según lo expuesto en el debate, la expropiación permitirá agilizar intervenciones en infraestructura urbana, movilidad y dotación de espacios públicos, bajo el argumento de que el interés general debe prevalecer sobre el particular.

Un debate de ciudad 

La aprobación de la expropiación abre un nuevo capítulo en la planeación urbana de Manizales. Por un lado, el gobierno local defiende la medida como un paso necesario para ejecutar obras que mejoren la calidad de vida; por otro, ciudadanos y sectores críticos temen que se repita la historia de San José, con comunidades desplazadas y patrimonio perdido en nombre del progreso.

La discusión deja en evidencia dos modelos de ciudad en tensión: uno que prioriza la velocidad y eficacia en la ejecución de proyectos, y otro que exige salvaguardar derechos fundamentales como la vivienda digna, la participación y el acceso equitativo al territorio.

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