En este departamento de Colombia, vecino de Caldas, 8 de cada 10 predios restituidos están en el olvido

Entre 1962 y 1974, en el Frente Nacional —acuerdo político que permitió la alternancia en el poder entre liberales y conservadores tras décadas de violencia partidista—, el Estado colombiano puso en marcha un ambicioso programa de reforma agraria.

Durante los gobiernos de Guillermo León Valencia (1962-1966, conservador), Carlos Lleras Restrepo (1966-1970, liberal) y Misael Pastrana Borrero (1970-1974, conservador), la iniciativa buscó redistribuir la tierra, formalizar títulos y ampliar la presencia institucional en zonas históricamente excluidas como el sur del Tolima.

Dicha subregión —hoy incluida en los programas estatales de desarrollo rural y paz territorial— se caracteriza por su riqueza natural, con ecosistemas como el Parque Nacional Natural Las Hermosas, y por una fuerte tradición agrícola, especialmente cafetera, que ha sido históricamente golpeada por el conflicto armado.

En ese contexto, la investigación de la trabajadora social Lorena Candela García, magíster en Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia (Unal), documentó que en los 6 municipios analizados —Chaparral, Ataco, Rioblanco, Coyaima, Natagaima y Ortega— se adjudicó el 49 % de todos los predios entregados en la región entre 1903 y 2012.

La Universidad publicó a través de su página que para sustentar su estudio, la magíster sistematizó –con el apoyo de dos estudiantes auxiliares– 1.049 registros del antiguo Instituto Colombiano de Reforma Integral (Incora) que reposan en el Archivo General de la Nación, y analizó 229 sentencias de restitución de tierras, además de documentos de contexto de la Unidad de Restitución, alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, y la serie histórica de adjudicación de baldíos del Incoder. También revisó 380 casos de predios en proceso de restitución y realizó más de 20 entrevistas en Ibagué, Natagaima y Ataco.

La mayoría de los predios son minifundios

Con base en este conjunto de documentos, archivos y testimonios, el estudio reveló que la mayoría de los predios adjudicados eran minifundios de menos de 5 hectáreas, muy por debajo del mínimo requerido (17 a 21 hectáreas) para conformar una unidad agrícola familiar autosostenible. Esta fragmentación de la tierra, sumada al conflicto armado, debilitó cualquier intento de consolidación agraria.

La investigación reveló que, aunque para la época se movilizó una gran cantidad de tierra, esta reforma solo benefició al 8 % de la población objetivo y no logró consolidar la propiedad rural para las mayorías.

“Mientras que los predios de más de 5.000 hectáreas representaron apenas el 0,01 % de los beneficiarios, sí concentraron el 24 % del área total adjudicada. Por el contrario, el 75 % de las adjudicaciones fueron pequeños predios de menos de 20 hectáreas que apenas ocuparon el 13 % de la superficie”, indica el estudio.

De hecho, el 78,5 % de los predios analizados en el estudio no fueron reclamados ni retornados a sus antiguos propietarios, debido a la falta de conocimiento que ellos tenían sobre los derechos adquiridos mediante la adjudicación, lo que facilitó que personas externas ocuparan las tierras y que estas terminaran en manos de ganaderos y terratenientes, principalmente, consolidando así procesos de concentración de la propiedad.

Abandono sin despojo

Uno de los principales hallazgos es que el desplazamiento forzado no fue necesariamente acompañado por un despojo formal de la propiedad. A diferencia de regiones como los Montes de María o el Urabá antioqueño, donde este fenómeno se consolidó por medio de mecanismos legales fraudulentos, en el sur del Tolima prevaleció un abandono sin que existiera apropiación productiva posterior.

Hoy, a pesar de los esfuerzos de restitución, muchos de esos terrenos permanecen vacíos, improductivos o fuera del mercado. La salida obligada de los campesinos desde sus territorios hacia las ciudades ha impedido su retorno. “Lo que queda es una política agraria fracturada, una tierra sin quien la cultive y un Estado que nunca logró consolidarse como garante del derecho a la propiedad rural”, advierte la investigadora.

En vez de reparación, la restitución abrió las puertas al mercado de tierras sobre predios improductivos, ya que, al haberlos abandonado durante tantos años, y al estar en desuso sin contar con título formal de propiedad, se consideran como baldíos desde el punto de vista mercantil. Aunque los campesinos usaron el marco legal vigente para reclamar derechos sobre la tierra, muchas veces sus solicitudes quedaron atrapadas en la burocracia o fueron interrumpidas por la violencia.

Los relatos recogidos en el estudio permitieron reconstruir las voces de quienes vivieron el desarraigo. Familias que durante años cultivaron algodón, arroz y café fueron obligadas a huir tras amenazas, asesinatos o el simple rumor de una incursión armada. “Tuvimos que vender unas gallinitas para salir con algo de dinero. Se iban a llevar al mayor de mis 5 hijos. No volvimos nunca más”, cuenta uno de los testimonios.

A través de esas voces, la investigación no solo evidencia el fracaso de la política agraria, sino también la ausencia de garantías reales para el retorno y la reparación de quienes perdieron su tierra y su arraigo.

*Con información de la Unal. 

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