Buscan revivir a Armero y unir a los municipios olvidados: socializan proyecto de Ley 249

A seis meses de los 40 años de la tragedia de Armero, Tolima, el senador caldense Guido Echeverri Piedrahíta encabezó un conversatorio en Manizales en el que presentó el proyecto de Ley 249 de 2024, actualmente en trámite en el Congreso.

El objetivo central de esta propuesta es crear mecanismos eficaces para reivindicar la memoria de la población desaparecida y promover acciones prácticas que fortalezcan a los territorios que fueron afectados por la erupción del volcán Nevado del Ruiz el 13 de noviembre de 1985.

“Estamos tomando como excusa el cumplimiento de los 40 años de la ocurrencia de la tragedia de Armero para presentar un proyecto de ley que, sobre lo ya hecho, reivindique su memoria, establezca mecanismos útiles y practicables, y permita que Armero reviva como un territorio que nunca se debe olvidar”, expresó el senador.

Echeverri propuso la creación de una asociación territorial liderada por el alcalde de Armero, Mauricio Cuéllar, que incluya a los municipios que sufrieron los efectos del desastre, como Villamaría y Chinchiná en Caldas.

Esta red permitiría consolidar una fuerza política más robusta para asegurar la implementación efectiva de las leyes aprobadas. “Las leyes solas no bastan. Necesitamos herramientas que hagan posible su cumplimiento real. Es clave que haya un seguimiento ciudadano y presión democrática para que estas iniciativas no se queden en el papel”, añadió el congresista.

El encuentro realizado en el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona, de Manizales, contó con la participación de académicos, gestores culturales y representantes de organizaciones sociales, y dejó insumos importantes para fortalecer el contenido del proyecto.

Entre las propuestas recogidas se encuentra la necesidad de acudir al Archivo Nacional para sistematizar y preservar la información histórica de la tragedia, así como la incorporación de criterios técnicos para regularizar la propiedad de los sobrevivientes desplazados.

La ley también plantea perfeccionar las normas existentes, dotándolas de contenidos más prácticos que permitan una aplicación efectiva. Para Echeverri, reconocer el trabajo de las fundaciones que durante años han luchado por mantener viva la memoria de Armero es parte esencial del proceso.

Mientras la Ley por Armero avanza en Cámara, se conoció que VIllamaría y Chinchiná podrían unirse a  la red de municipios que promueven la memoria de Armero.

Lo que sigue para la iniciativa

“El proyecto está en la Cámara y faltan dos debates. Hemos hablado con la representante del Tolima, Gloria Beatriz González, para que asuma como ponente y podamos sacar adelante esta iniciativa antes de noviembre”, explicó.

El conversatorio fue calificado como positivo por Echeverri, quien destacó la calidad de las intervenciones y el interés de los asistentes. “Recogimos propuestas muy útiles para mejorar el proyecto. Lo más importante es que no se borre la memoria, que se fortalezca el tejido social de los municipios y que se planee de forma más responsable el territorio”, concluyó.

La Ley 249 de 2024 propone mecanismos prácticos para preservar la memoria de Armero y apoyar el desarrollo de los municipios afectados por la tragedia de 1985. Incluye acciones de planificación territorial, regularización de predios y fortalecimiento de la asociatividad municipal.

Esta alianza facilitaría el acceso a recursos y permitiría enfocar esfuerzos legislativos y administrativos para que leyes como la 249 tengan una implementación efectiva. También resaltó que incluir a Villamaría y Chinchiná es coherente por el impacto que tuvo el desastre en esta región.

“El proceso debe estar liderado por Armero, pero necesita del apoyo de otros municipios que compartieron el drama”, señaló el senador. La iniciativa fue bien recibida por líderes locales, quienes reconocen la necesidad de una estrategia común.

A 40 años de una tragedia que marcó a Colombia

La tragedia de Armero, ocurrida el 13 de noviembre de 1985, dejó cerca de 25.000 víctimas. Fue una de las peores catástrofes naturales en la historia del país, provocada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz. A cuatro décadas, la memoria aún reclama justicia y acción.