Muere recluso en cárcel de Caldas: se debatía entre rejas tras un homicidio en Manizales que negó

Sandro de Jesús Vidal Colorado, de 31 años, murió ayer en una celda de la cárcel Doña Juana, de La Dorada. Él pagaba 22 años y 4 meses de prisión por el homicidio de José Adrián Jaramillo Patiño, el 10 de septiembre del 2022 en el sector de La Vaga, en el barrio Comuneros, de Manizales.

Él habría decidido quitarse la vida y aunque su familia asegura que lo había visto decaído últimamente, estaba dispuesto a recibir atención profesional. Además, volvería a ver a su esposa, quien estaba en el exterior, lo que lo tenía más animado.

El miércoles, él llamó a la mujer y le comentó que lo habían agredido otros reclusos y por eso lo encerrarían en un calabozo. Ahora sus allegados están a la espera de que las autoridades les cuenten las causas de la muerte, mientras siguen alegando que estaba encerrado de manera injusta.

Condenado por homicidio

De acuerdo con la sentencia, cerca de las 11:30 de la noche de ese 20 de septiembre, Sandro y José Adrián protagonizaron una riña. El segundo recibió una puñalada que le causó una grave lesión en la aorta, lo que desencadenó en su muerte horas después en un hospital.

Al señalado asesino lo capturaron y luego de cuatro días se llevó a cabo la audiencia de imputación. De acuerdo con la Fiscalía, ambos tenían problemas desde tiempo atrás y por eso se generó la riña. Negó cargos y le otorgaron la detención domiciliaria.

En junio del 2024, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales lo condenó y su abogado apeló, aunque debido a un vencimiento de términos, estaba libre y optó por huir. Sandro estuvo prófugo por cerca de un año, lo detuvieron y lo enviaron a la cárcel de La Dorada.

Señalan a otro por el crimen

La familia de Vidal Colorado explicó que él había tenido problemas con un primo de otro sujeto, y en una fiesta terminaron envueltos en una pelea. Él sufrió una lesión con arma cortopunzante en la nariz y su esposa, embarazada, también recibió golpes.

Por eso, Sandro buscó al hombre y le pidió que dejaran las discusiones de lado, a lo que este accedió y se disculpó. Sin embargo, días después protagonizar otro enfrentamiento dentro de la vivienda del hoy occiso, donde su esposa estuvo cerca de recibir una puñalada en el estómago, a manos del señalado.

La familia asegura que ese mismo día en la calle, dos allegados de Vidal se enfrentaron con el conocido y cuando huía, José Adrián salió de la casa a ver lo que ocurría, y fue en ese momento que recibió la puñalada mortal, supuestamente de quien intentaba escapar.

El abogado explicó que su defendido no había llegado todavía al sitio donde murió el señor, y de eso dieron cuenta tres testigos presenciales, quienes señalaban al otro ciudadano.

Aseguró que el testimonio de una familiar de José Adrián no fue realista, pues si bien siempre dijo lo mismo, ella no estuvo en la escena del crimen, pero como tuvo una relación sentimental con el que señalan de ser el real asesino, por eso no lo delató.

Justamente, este hombre también fue testigo durante el juicio y aseguró no recordar nada porque sufre una enfermedad. El defensor de Sandro recordó que intentó interrogarlo, y su argumento fue el mismo. Fue imposible que diera pistas sobre la supuesta inocencia.

Aunque el caso estaba en manos del Tribunal Superior de Manizales, no se alcanzó a conocer la sentencia, en la que se sabría si se confirmaba la condena o si declaraban inocente al ciudadano.

El señalado, con una condena

Una pena de 8 años y 6 meses paga desde el 2019 el hombre al que señalan de haber asesinado a José Adrián, de acuerdo con la Rama Judicial, por homicidio. En la fecha de la muerte del señor, gozaba de permisos temporales para salir de prisión.

Familia amenazada

La familia de Sandro de Jesús denunció que la familia del otro sujeto la amenaza constantemente de muerte y a la hija mayor le llegaron a sacar un cuchillo. Aunque han puesto estos hechos en conocimiento de las autoridades, ninguna autoridad les recibe la queja.

Gozan de protección especial

El Consejo de Estado ha dicho que las personas recluidas están en una situación de especial deber de protección, "lo que hace responsable a las autoridades por los daños que se le causen durante la privación de la libertad".

Añadió que si el Estado no devuelve al ciudadano en las mismas condiciones en que lo retuvo, debe responder patrimonialmente por los perjuicios, aunque haya puesto en funcionamiento todos los recursos de que dispone para protegerlo y evitarle cualquier daño.

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