Conflicto ambiental en Dosquebradas: comunidad se resiste a construcción de edificios en zona de protección

El inicio de la construcción del proyecto inmobiliario Bonaire en el barrio Campestre D, cerca a la quebrada Frailes, ha generado una creciente tensión entre la comunidad residente, la constructora Ingenovac y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder). 

En el centro del conflicto están los derechos de posesión de un predio que ha sido habitado por más de cinco décadas, las dudas sobre la legalidad de los permisos otorgados y la presunta afectación ambiental en una zona que fue recientemente catalogada como de protección.

Predio

Jesús María Ocampo, habitante histórico del sector, relata cómo firmó sin compromiso la ocupación de una parte de su predio que tiene en posesión para que la empresa haga el cerramiento. Para eso debe tumbar varios árboles que tiene sembrado. 

“Sin ningún compromiso se firmó el acta. O sea que yo no he decidido todavía porque a mí me tienen que pagar la posesión del pedazo que me van a coger ahí y mirar qué es lo que van a hacer”.

Además denuncia que le prometieron una servidumbre para entrar al predio que ocupa desde 1974 y donde ha pagado impuestos, pero la constructora empezó a talar bambús y otros árboles lo que pone en riesgo su paso y el de su esposa. 

“Yo tengo escritura de posesión y mejoras. Pago predial, luz, agua, internet desde hace años”, afirma.

Mientras tanto, la incertidumbre crece en su familia, ya que no tienen clara cuál será la salida vehicular autorizada ni si podrán mantener el acceso tradicional al barrio. “Están diciendo que no, que es imposible hacer por aquí.”, reclama Ocampo.

La respuesta de la constructora

Desde la empresa Ingenovac, su gerente Sebastián Suárez sostiene que cuentan con todos los permisos legales y ambientales vigentes, entre ellos, la licencia de urbanismo emitida en 2023 y el permiso ambiental expedido por la Carder. 

Suárez reconoce que hubo una modificación en el Plan de Ordenamiento Territorial Ecológico (POET) en 2024, pero defiende la legalidad de la construcción amparándose en derechos adquiridos.

“Tenemos un piso jurídico claro, y aunque la nueva normativa indica que el predio sería zona protegida, nuestro proyecto se basa en permisos previos. Además, hemos cumplido con todos los estudios forestales, bióticos y de fauna, y se concluyó que el terreno no corresponde a un corredor ambiental ni a un ecosistema de alta sensibilidad”, afirma Suárez.

Sobre las denuncias de tala de árboles y afectación a especies animales, el gerente explica que la tala realizada corresponde principalmente a especies invasoras como el bambú amarillo, que serán compensadas con guaduas, árboles nativos y frutales, en una proporción superior a la exigida. 

Incluso afirman que, por exigencia de la CARDER, los árboles compensatorios deberán tener una altura mínima de 1,50 metros para garantizar su supervivencia.

“Hay un árbol sembrado que sí digamos era importante y protegido, que es un yarumo blanco. Sin embargo, sobre ese yarumo blanco tenemos una compensación de uno a 10, o sea, por haber corto eh cortado el el el yarumo blanco tenemos que sembrar 10 más”, señala.

Sin embargo, reconoce que tendrán que talar guaduas para construir el alcantarillado y las aguas lluvias que la Carder autorizó para salir cerca a la quebrada Frailes. 

Plantón de la comunidad

A las 10 de la mañana la comunidad del barrio Campestre D se reunió en la entrada al barrio y, con carteles y arengas, trataron de sensibilizar a los vecinos para que los acompañaran en su lucha. 

En la manifestación estaban miembros de la veeduría ambiental Voz Verde, quienes afirman que desde la primera socialización del proyecto —más cercana a una presentación comercial que a un diálogo comunitario— comenzaron las irregularidades. 

“Nos dijeron que ya estaba vendido el 80% del proyecto sin siquiera haber informado a la comunidad qué iban a hacer ni consultarnos nada”, denuncia un integrante.

La comunidad sostiene que el predio está en una zona que el POT de 2024 declara como de protección especial del suelo hídrico, y que la Carder se contradijo al otorgar, el 31 de diciembre de 2024, un permiso ambiental a pesar de un concepto técnico anterior que desaconsejaba el aprovechamiento forestal en el área.

“Esto es un lugar que antes debemos de cuidar y conservar y pues lo que está pasando en este momento es que ya están acabando con más de 1000 guadua y con más de 100 árboles que hemos sembrado en la comunidad”, comentan desde la veeduría.

También acusan a la constructora de haber iniciado la tala de árboles sin un plan de ahuyentamiento de fauna, lo que habría afectado zarigüeyas, zorros plateados y mapaches cangrejeros. 

“Escuchábamos a los animales llorar, desubicados. Nadie nos explicó qué iba a pasar con ellos”, relatan.

Para la Carder todo está en orden

Carlos Uribe, asesor de la dirección de la Carder, aseguró que los permisos ambientales otorgados siguen vigentes y se ajustan al marco legal. 

“Lo que lo único que yo le puedo decir es que los permisos ambientales ya están otorgados y ya ellos pueden proceder. Pueden proceder a a hacer todo lo que se dijo en el en el concepto técnico.

Aunque reconoce que hubo un concepto técnico anterior que señalaba la protección del suelo, insiste en que lo que prevalece es el documento final con el que se emitió la resolución. 

“Lo que les hemos dicho a los miembros de la veeduría es que si tienen dudas sobre irregularidades, deben acudir a instancias como la Procuraduría Ambiental”, declaró.

Sobre la tala de especies como el bambú amarillo, Uribe señala que no puede certificar si es o no invasora, pues no es especialista forestal, pero que todo lo aprobado está contemplado en el concepto técnico emitido por los expertos de la corporación. 

En cuanto a la compensación, afirma que el 80% se realizará en el mismo sitio y el resto en otros lugares concertados con la comunidad.

¿Qué está en juego?

Mientras la comunidad realizaba el plantón alrededor de la construcción, vieron una serpiente que se deslizaba entre las ramas y las hojas que caían de los bambús. 

El caso en Campestre D pone de relieve la tensión entre los proyectos de expansión urbana y los derechos de los habitantes históricos, así como la fragilidad de los mecanismos de concertación comunitaria. 

Para muchos vecinos, este conflicto refleja contradicciones muy graves entre las entidades ¿por qué otorgar permisos de construcción en un área protegida? 

Mientras la empresa defiende su cumplimiento normativo y la autoridad ambiental asegura haber actuado conforme a la ley, la comunidad exige transparencia, respeto a su historia territorial y garantías ambientales. 

Por ahora, la construcción continúa, pero el malestar social también crece, y con él, el debate sobre cómo se decide el futuro del territorio en Dosquebradas.

Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA.

Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, X, Spotify, TikTok y nuestro canal de WhatsApp, para que reciba noticias de última hora y más contenidos.