Cuatro feminicidios en Risaralda en 2025: avanza ley que protege a huérfanos por estos crímenes

El pasado 5 de julio, Risaralda registró su cuarto feminicidio del año. La víctima fue Neidy Juliana Londoño, asesinada presuntamente por su pareja, un hombre conocido como El Diablo, quien la habría apuñalado en su vivienda. 

Días después, su cuerpo fue hallado envuelto en un colchón en una zona boscosa entre Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, gracias a la confesión del agresor a su propio padre.

El crimen ha despertado una nueva ola de indignación entre organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, que exigen al Estado respuestas más efectivas frente a la violencia contra las mujeres.

En 2024, solo en los departamentos donde la Ruta Pacífica de las Mujeres hace presencia —incluido el Eje Cafetero— se reportaron 289 feminicidios, según el informe anual del Observatorio Mujeres Enrutadas. 

A pesar de las políticas públicas y el activismo constante, la violencia contra las mujeres sigue dejando a su paso cicatrices familiares profundas, especialmente en los hijos de las víctimas, quienes muchas veces quedan en total vulnerabilidad.

Una ley para los niños que sobreviven

Aunque no se conoce públicamente si Neidy Juliana tenía hijos, su caso vuelve a poner sobre la mesa una de las consecuencias más invisibles de los feminicidios: los huérfanos.

Para enfrentar esta problemática, la representante a la Cámara por Risaralda, Carolina Giraldo Botero, lideró un proyecto de ley que ya fue aprobado por el Congreso y espera sanción presidencial. 

La iniciativa busca que el Estado garantice atención integral a niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidio en Colombia.

“Muchos de estos niños presenciaron el feminicidio o estaban en la habitación de al lado cuando ocurrió. Lo mínimo es que el Estado se haga presente de inmediato con atención psicológica y garantías para su futuro”, explicó Giraldo.

El proyecto nació del diálogo directo con las familias de víctimas, quienes señalaron la falta de atención del Estado a los menores que sobreviven a estos crímenes. 

La mayoría de ellos no solo pierden a su madre, sino que también quedan sin redes de apoyo, en condiciones de pobreza extrema y con secuelas emocionales profundas.

¿Qué contempla la ley?

La nueva norma establece medidas concretas de atención prioritaria para los huérfanos por feminicidio.

Apoyo psicosocial urgente, para tratar el trauma desde los primeros días, acceso preferente a programas educativos, culturales y deportivos que garanticen su permanencia en el sistema escolar y promuevan un proyecto de vida.
Referente a los subsidios económicos, se busca tener recursos para garantizar gastos inmediatos como funerales o traslado del cuerpo de la madre; para apoyar económicamente a los cuidadores —usualmente abuelos o tíos— que asumen la crianza sin recursos, y generar una asignación mensual que irá hasta los 18 años, y hasta los 25 si los jóvenes están estudiando o no tienen ingresos fijos.
La ley también contempla la creación de un registro oficial de huérfanos por feminicidio, una herramienta clave que hoy no existe y que impide dimensionar el problema.

En Colombia no hay una cifra oficial de niños y niñas huérfanos por feminicidio. Sin embargo, de acuerdo con el Observatorio de Feminicidios, al menos 23.000 menores han perdido a sus madres en la última década. 

Muchos de ellos terminan bajo el cuidado improvisado de familiares o incluso del sistema de protección del ICBF, sin acompañamiento psicológico y sin apoyo económico.

Una ley con impacto directo en regiones como Risaralda

La representante Giraldo señaló que regiones como el Eje Cafetero, históricamente afectadas por violencias basadas en género, serán especialmente impactadas con esta ley.

“En departamentos como Risaralda, donde han existido cifras altas de feminicidios, esta ley es urgente. Las historias de niñas y niños que quedan solos no pueden seguir siendo ignoradas”, subrayó.

Una vez sea sancionada por el presidente, el gobierno tendrá que reglamentar los mecanismos y montos de apoyo. 

La ley establece que esta reglamentación debe hacerse con participación directa de las familias afectadas. Entre los artículos ya aprobados se incluyen medidas que entrarán en vigencia inmediata, mientras otros dependerán de dicha reglamentación.

Ahora que la ley está a punto de convertirse en realidad, queda la tarea de garantizar su implementación. Como recordó la representante Giraldo.

“La ley no puede quedarse en el papel. El país tiene una deuda con estos niños. Que su dolor no se vuelva invisible”.

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