Siguen los reparos a la concesión del alumbrado público de Pereira: piden investigación penal y fiscal

El representante a la Cámara por Risaralda, Alejandro García Ríos, presentó una denuncia formal ante la Contraloría General de la República, la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos de corrupción, irregularidades contractuales y posibles sobrecostos en la concesión del alumbrado público de Pereira, adjudicada por la administración municipal encabezada por el alcalde Mauricio Salazar Peláez.

El congresista aseguró que su equipo de trabajo recopiló nuevos elementos que agravan las sospechas sobre la manera en que fue adjudicado y ejecutado el contrato. 

“Gracias a esas denuncias, logramos que la Contraloría General asumiera la investigación y que la Procuraduría solicitara la suspensión de la adjudicación. Sin embargo, la Alcaldía hizo caso omiso y siguió adelante”, señaló García.

Posibles irregularidades 

De acuerdo con la denuncia, el objeto del contrato fue modificado posteriormente al proceso de licitación, lo que, según el congresista, vulnera los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva que rigen la contratación pública.

“En los pliegos originales, esos recursos se destinarían a la modernización del sistema. Sin embargo, una vez adjudicado el contrato, el municipio modificó las condiciones y amplió el destino de los fondos,  el cual debía ser cubierto por el concesionario. Cambiando las reglas de juego, sin modificar el modelo financiero, pudiendo configurarse una modificación contractural en beneficio del privado”. señaló García.

Otro de los puntos señalados en la denuncia es la existencia de un ahorro municipal de aproximadamente $32.000 millones provenientes del recaudo del impuesto de alumbrado público. 

Esa cifra, explicó García, equivale al 40% del valor total de la modernización del sistema, lo cual deja en entredicho la necesidad de haber entregado la operación a un privado por 25 años.

“Si Pereira tenía ese dinero disponible, ¿por qué entregar la operación a un privado durante 25 años? Esto podría constituir un uso ineficiente e injustificado de los recursos públicos”, advirtió el congresista

García también indicó que parte de esos recursos, que tienen destinación específica, se están usando para pagar el alumbrado navideño, un gasto que calificó como “no esencial” y que, además, ya estaría cubierto dentro del mismo contrato de concesión.

“Estaríamos pagando dos veces por lo mismo. El año pasado el alumbrado navideño costó cerca de $5.000 millones, mientras que este año se presupuestaron $11.800 millones, más del doble. Para comparar, en Bogotá el alumbrado de Navidad costó $2.600 millones”, agregó García.

La denuncia también subraya que la iluminación navideña no constituye un servicio público esencial, según el Decreto 943 de 2018 del Ministerio de Minas y Energía, por lo que no debería financiarse con recursos del impuesto de alumbrado público, destinado exclusivamente a la operación, mantenimiento y expansión del sistema de alumbrado regular.

“La ciudadanía merece saber quién decidió este cambio, esa persona estaba facultada, con qué criterio se modificó el destino de los recursos y qué controles se ejercieron sobre un contrato que compromete el impuesto de alumbrado público por 25 años”, expresó el congresista. “Nuestro deber es exigir claridad y transparencia sobre el uso del dinero de los pereiranos”.

Llamado a los organismos de control

La denuncia, radicada oficialmente esta semana, incluye una serie de peticiones concretas a los entes de control.

Por todo lo anterior, el representante pidió a la Contraloría General, la Procuraduría y la Fiscalía, centrar su investigación en tres aspectos. 

“Por estas razones le estamos pidiendo a los organismos de control que revisen la conducta penal, disciplinaria y fiscal sobre esta situación”.

Verificar la legalidad de las modificaciones contractuales y su incorporación posterior al cierre del proceso de licitación.

Realizar una auditoría especial al Fideicomiso del Patrimonio Autónomo del Contrato de Concesión y de las subcuentas creadas dentro del Fondo de Iluminación Navideña, Ornamental y Desarrollos Tecnológicos, para determinar si existe duplicidad o desviación en la asignación de recursos.

 Revisar la actuación del interventor y el modelo financiero del contrato, ante la incorporación de dineros públicos recaudados con anterioridad a favor del concesionario.

Implicaciones políticas y advertencias

El representante García también hizo referencia a los posibles vínculos políticos del caso, señalando que María Irma Noreña, esposa del alcalde Mauricio Salazar, es precandidata al Senado de la República, y advirtió que podría existir uso indebido de los recursos públicos para favorecer aspiraciones políticas.

“Ya hemos denunciado antes situaciones preocupantes, como la aparición de su nombre en facturas de servicios públicos y posibles presiones a contratistas de la Alcaldía. Este caso agrava el panorama”, añadió.

Finalmente, García concluyó con un mensaje directo a la ciudadanía:

“Lo del alumbrado público que debía ser luz para la ciudad hoy nos trae oscuridad, mantos de duda, sombras y presuntos hechos de corrupción.”.

La denuncia ahora queda en manos de los órganos de control, que deberán determinar si efectivamente existieron faltas disciplinarias, fiscales o penales en el proceso de concesión del alumbrado público de Pereira.

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