Gustavo Petro desafía al Congreso de la República decretando la consulta popular

El presidente, Gustavo Petro, firmó ayer un polémico decreto para convocar una consulta popular sobre su reforma laboral el próximo 7 de agosto, fecha que marca el inicio de su último año de mandato. Justificó la medida como "una necesidad categórica" para la construcción del Estado social de derecho que, según él, sigue sin concretarse pese a estar consagrado en la Constitución de 1991.

"Esta consulta popular es absolutamente necesaria", dijo ante una multitud en Cali, al insistir en que su propuesta busca combatir la desigualdad y la violencia crónica del país.

La consulta fue convocada por decreto tras ser rechazada por el Senado, lo que ha generado un fuerte enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Petro acusó a los senadores de hacer "trampa" en la votación, la cual fue denegada por un estrecho margen (49 votos contra 47). En respuesta,  sectores políticos, incluidos expresidentes y exministros, calificaron la decisión como un acto autoritario que viola la separación de poderes.

El expresidente Iván Duque fue de los primeros en pronunciarse, afirmando que Petro "ha firmado un decreto que viola la independencia de poderes". Añadió que la Organización Electoral tiene el deber de negarse a ejecutar la convocatoria y pidió al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional frenar lo que considera un intento de imponer la voluntad del presidente por encima de la ley.

En medio de la controversia, Petro reiteró que acatará el resultado de la consulta, siempre y cuando se alcance el umbral legal de participación: al menos un tercio del censo electoral, es decir, más de 13 millones de votantes. Sin embargo, advirtió que, si sus reformas no se concretan ni por vía legislativa ni popular, abrirá paso a una Asamblea Nacional Constituyente impulsada con la recolección de ocho millones de firmas.

Desde el Congreso, la reacción ha sido de rechazo frontal. Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y exintegrante del Gobierno Petro, calificó el decreto como "inconstitucional" y "una grave equivocación", asegurando que el Senado sí tramita una nueva versión de la reforma laboral, con amplios consensos. A su juicio, no era necesario acudir a la consulta popular.

Mientras tanto, el representante Christian Garcés, del partido opositor Centro Democrático, acusó a Petro de "convertirse en dictador" al ignorar la negativa del Senado. Anunció acciones legales contra el decreto, incluyendo una demanda ante el Consejo de Estado y denuncias penales contra los ministros firmantes por el presunto delito de prevaricato.

Ayer el abogado Germán Calderón España presentó una tutela ante el Consejo de Estado contra el decreto, argumentando la violación del debido proceso y del orden legal que rige las consultas populares. A su juicio, el Gobierno desconoció el concepto vinculante del Senado y forzó un mecanismo que debe pasar por controles constitucionales y legislativos.

Petro aseguró que no buscará la reelección: “A mí no me gusta el poder y mucho menos el palacio (presidencial) ese aristocrático y frío”, dijo, pero pidió a sus seguidores que “si llega a impedirse el que ahora se exprese, háganlo por la fuerza o no, en las elecciones del año 2026 reelijan no una persona, reelijan el proyecto del cambio y de la vida en este país”.

La convocatoria a las urnas el 7 de agosto —día simbólico en la historia política colombiana— se perfila como un punto de quiebre en el mandato del primer presidente de izquierda en el país, mientras la Corte Constitucional y el Consejo de Estado decidirán si su apuesta por la democracia directa se mantiene dentro del marco institucional.

"Petro ha consumado un golpe frontal  contra la democracia colombiana": presidente del Senado 

El presidente del Senado de Colombia, Efraín Cepeda, acusó al presidente Gustavo Petro de dar "un golpe frontal contra la democracia" al convocar por decreto una consulta popular sobre la reforma laboral, propuesta que ya había sido rechazada por la Cámara Alta, y anunció que llevará el caso ante la justicia.

"El gobierno del presidente Gustavo Petro ha consumado un golpe frontal contra la democracia colombiana (...) El denominado 'decretazo' no es solo un acto arbitrario: es una violación flagrante del Estado de Derecho, un asalto directo a la Constitución de Colombia", escribió Cepeda en X.

El legislador, del opositor Partido Conservador, dijo que “este gobierno ha desconocido al Senado, al poder judicial y ha desligitimado sus actos al traspasar la frontera de la legalidad”, pero aseguró que el país no permitirá “que estas maniobras prosperen”.

“El Senado de la República, como pilar de la democracia, acudirá a las Cortes para exigir el respeto irrestricto al Estado de Derecho (...) No cederemos ante la arbitrariedad”, concluyó el presidente de la Cámara Alta.

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