Investigan a la Cancillería por Carlos Ramón González, exfuncionario en Nicaragua acusado de corrupción

La Procuraduría General de la Nación abrió este viernes una investigación previa contra funcionarios de la Cancillería que presuntamente facilitaron la renovación de la residencia en Nicaragua de Carlos Ramón González, ex alto cargo implicado en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno.

El ente de control inició esta investigación un día después de que el canal de noticias RCN publicara una carta de la Embajada colombiana al Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense, en la que solicitaba ayuda para gestionar la renovación de la residencia de González, sobre quien pesa una circular roja de Interpol.

El presidente, Gustavo Petro, desmarcó a su Gobierno de cualquier responsabilidad y aseguró hoy que, de ser cierta la información, pedirá al país centroamericano la entrega de González, quien fue su director del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Según el Ministerio Público, la investigación es "contra funcionarios por determinar" y busca establecer si se realizaron trámites para que González obtuviera cédula de residencia, permiso de ingreso y uso del vehículo y la casa oficial de la Embajada en Managua.

Para ello, la Sala Disciplinaria ordenó inspecciones a Migración Colombia y a los procedimientos adelantados por la Cancillería o la Embajada en Nicaragua.

El caso de corrupción

González, de 66 años y excompañero de Petro en la desmovilizada guerrilla del M-19, tiene una orden de captura vigente desde el 3 de julio por su presunta participación en el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para pagar sobornos a congresistas a cambio de apoyo legislativo.

La UNGRD, adscrita al Dapre, es la entidad encargada de dirigir y coordinar la gestión del riesgo de desastres en el país, y está en el centro del mayor escándalo de corrupción que afecta al Gobierno de Petro.

La Fiscalía imputó a González por los delitos de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos por presuntamente ordenar el pago de millonarias coimas a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quienes están detenidos por este caso.

Parte de ese dinero, según el ente acusador, provenía de un contrato para la compra de cuarenta carrotanques destinados a abastecer de agua al desértico departamento de La Guajira.

Petro se deslinda

Tras la publicación periodística sobre el caso de González, tanto Petro como su excanciller Laura Sarabia negaron que el Ejecutivo hubiera solicitado a Nicaragua "algún tipo de privilegio" para el exfuncionario.

El mandatario izquierdista incluso pidió a los medios "aclarar su noticia", que consideró "falsa".

Este viernes, Petro escribió en X: "La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país". 

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