La OCDE recomienda a Colombia un plan de medidas para combatir el cohecho extranjero

La Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE) instó a Colombia a que "aborde urgentemente las deficiencias en su marco legal" para combatir el cohecho extranjero y recomendó al país sudamericano que presente un plan de acción en diciembre de 2026.

En un comunicado, la OCDE admitió también "su preocupación ante el desvinculamiento progresivo del país frente a las obligaciones contraídas" en virtud de la Convención de la OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.

Entre las cinco recomendaciones realizadas por un grupo de trabajo sobre el cohecho de la OCDE, destaca la del refuerzo del combate contra "los problemas de coordinación entre agencias clave responsables de la lucha contra el cohecho internacional" en las que incluye a la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Sociedades. 

El grupo de trabajo también instó a que se garantice la apertura de "investigaciones cuando se solicite asistencia jurídica mutua y se comparta de forma proactiva información interna para que todas las posibles imputaciones derivadas de estas solicitudes puedan ser investigadas debidamente".

Asimismo, recomendó "implementar con carácter urgente un marco integral de protección de los denunciantes", así como "asegurar la independencia de las investigaciones y enjuiciamientos".

La OCDE señaló que Colombia informará dentro de dos años (en diciembre de 2027) sobre la aplicación de todas las recomendaciones y sobre las medidas adoptadas para aplicar la ley.

Paralelamente, presentará "un reporte adicional en diciembre de 2026 con un plan de acción para implementar las cinco recomendaciones prioritarias". 

El grupo de trabajo de la OCDE sobre el cohecho fue creado en 1994 y supervisa la aplicación y el cumplimiento de la Convención Anticohecho, la Recomendación Anticohecho y otros instrumentos asociados de la OCDE. 

El cohecho extranjero es un delito que ocurre cuando una persona o una empresa ofrece, promete o entrega un beneficio indebido a un funcionario público de otro país para obtener una ventaja competitiva en los negocios.