¿Qué pasaría si el Gobierno nacional adquiere el porcentaje que no le pertenece de Nueva EPS?, léalo aquí

La intervención de la Nueva EPS por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) encendió -en su momento- las alarmas en Colombia. El Estado, que ya es propietario del 49% de la entidad, asumió el control directo, marcando un giro trascendental en su manejo.

La medida que fue anunciada con el fin de "mejorar la atención" y "corregir fallas estructurales", generó incertidumbre desde el 3 de abril de 2024. A ojos de muchos actores del sistema, esto representó un paso hacia la estatización total de la entidad, que hasta ahora funcionaba bajo un modelo mixto público - privado.

Manizales fue escenario de un anuncio clave: Bernardo Camacho, interventor designado por la SNS, confirmó que el Gobierno nacional tiene entre sus planes la compra del porcentaje restante, el 51%, que es de socios privados. Así lo aseguró en el Puesto de Mando Unificado (PMU) del 22 de mayo, al que se conectó desde la capital del país. Lo dijo ante veedores y líderes del departamento.

Por el derecho a la libre escogencia

Olga Piedad Cárdenas Patiño, presidenta de la Veeduría en Salud de Caldas (Veesacaldas), expresó su preocupación por las implicaciones de esta intención: “El Gobierno nacional está interviniendo las aseguradoras, quiere estatizar a Nueva EPS y quedará con toda la capacidad de absorber los usuarios de otras EPS. Eso es algo muy delicado”.

Para Cárdenas, más allá del cambio de propiedad, el problema de fondo es que se violente el derecho fundamental a la libre escogencia en salud. “La norma dice que tenemos derecho a escoger y, después de un año en una EPS, si no nos gusta, podemos pasarnos a otra. Pero si todo queda en manos del Estado, ese derecho se perdería”, advirtió.

En el mismo encuentro, el interventor indicó que el modelo que se aplicará en Nueva EPS será el ejemplo a seguir para el sistema de salud colombiano.

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Elevó su descontento

Desde Veesacaldas se elaboró un documento dirigido a las ramas del poder público, incluyendo el Congreso de la República y la Procuraduría, en el que se advierte la configuración de un presunto delito.

“El genocidio puede darse por medios sistemáticos o generalizados. Aquí vemos que se está acabando con una gran parte de los usuarios de la Nueva EPS, que en su mayoría son personas de especial protección constitucional: pensionados, adultos mayores, con sus familias. No hay citas, no hay especialistas, no hay atención. ¡Los están dejando morir!”, denunció la veedora.

Se conoció que en Caldas, hay 408 mil afiliados en dicha EPS. Es la entidad con mayor número de usuarios en Colombia (13 millones), y a la vez, la más golpeada por el colapso del sistema que sigue sin mejorar.

"El sistema necesita un equilibrio. Siempre he dicho: lo público no puede solo, se tiene que tener un modelo público - privado. Una empresa pública no es capaz de salir adelante con este sistema de salud tan complejo”, subrayó.

La realidad, dijo Cárdenas, es más dura que nunca. Mencionó que históricamente el sistema no ha funcionado del todo bien, pero que nunca había estado tan mal como ahora. Puntualizó que "la gente está perdiendo la fe".

A la espera

LA PATRIA consultó a Nueva EPS, pero no hubo pronunciamiento al respecto.

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