Manizales: imputan cargos a 5 exfuncionarios de la Alcaldía de Octavio Cardona, una es secretaria de la actual

Se cumplió este lunes (19 de mayo) una audiencia de formulación de imputación por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales contra 4 exfuncionarios públicos y una secretaria de despacho de la actual Alcaldía de Manizales.

LA PATRIA estuvo en esa diligencia.

Ante un juez de control de garantías de la ciudad acudieron Orlando Marín Mejía, Robinson Almanza Carvajal, César Alberto Gutiérrez García, Juan Carlos Gómez Montoya y Gladys Galeano Martínez, actual secretaria de la Equidad y la Mujer.

El fiscal narró los posibles hechos

César Alberto era secretario de Obras Públicas para el 2016; Orlando, profesional universitario de esa misma Secretaría; Juan Carlos, secretario de Educación; Robinson, profesional universitario de esta última dependencia, y Gladys, secretaria de Desarrollo Social.

Era la Alcaldía del actual representante a la Cámara Octavio Cardona León.

Sobre el asunto: Malos olores obligan al desplazamiento de estudiantes en el colegio San Pío X (Manizales)

Proceso

"Estas 5 personas, como funcionarios públicos, el 8 de agosto del 2016, juntos, desarrollaron y firmaron los estudios previos para un proceso de selección abreviada que dio origen a un contrato con el Consorcio Carles, para adecuación de las plantas físicas de los establecimientos educativos".

El proyecto 2012170010085, dijo el ente acusador, incluía la comuna Tesorito, específicamente la IE San Pío X, escuela La Capilla, de La Enea, con movimientos de tierra, desagües e instalaciones sanitarias, estructura en concreto, mampostería, instalaciones hidráulicas, redes internas, revoque, pisos, acabados, enchapes, vidrios y accesorios, sanitarios, carpintería, pinturas, vigas, demoliciones, entre otros.

"Los estudios previos diseñados para el restaurante escolar se elaboraron sin incorporar las normas básicas de construcción y de requisitos sanitarios", anotó el acusador.

Los cinco funcionarios debieron prever esas normas para que el proceso contractual fuera adecuado.

"A la terminación de las obras se encontró que la cocina estaba en un ambiente encerrado, sin posibilidad de aireación natural para eliminar vapores, llevando a problemas de salubridad y seguridad para operarias y comunidad estudiantil. El comedor quedó contiguo a la cocina. Las vías de acceso y evacuación no se construyeron técnicamente y los espacios eran inadecuados y podían causar accidentes entre los estudiantes", agregó. 

El proyecto tuvo deficiente gestión, a criterio del fiscal, por no prevenir futuros riesgos. Esos análisis no los hicieron estos funcionarios, concluyó.

En esta IE se encontró que adolecía de varios factores para prevenir riesgos. Bomberos no aprobó en ese tiempo el restaurante escolar por falta de una construcción técnica. Son edificaciones que pueden reunir más de 200 personas y se deben proteger las vidas y la infraestructura ante eventos sísmicos.

"Se debió tener un análisis profundo de esas normas para avizorar a futuro los peligros. $81 millones 687 mil costó, pero por esas imprecisiones técnicas, que no permitieron poner la obra en funcionamiento, se tuvo que elaborar otro para corregir esas falencias, por $136 millones 432 mil. En este segundo contrato intervinieron 4 de estas 5 personas (menos Gladys) y ahí sí tuvieron en cuenta las normas no aplicadas en el anterior".

El juez declaró legal la imputación y ninguno aceptó cargos. La pena parte de 64 meses.

Este proceso no quiere decir que sean culpables. Se presumen inocentes y será un juez de la República quien determine si son o no responsables de lo que los señalan.

Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA.

Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, X, Spotify, TikTok y nuestro canal de WhatsApp, para que reciba noticias de última hora y más contenidos.