La Procuraduría intensifica vigilancia sobre Aerocafé: Planeación Nacional emitió cuatro alertas

La Procuraduría General de la Nación continúa con su ejercicio de vigilancia preventiva sobre el proyecto Aeropuerto del Café (Aerocafé), en desarrollo en Caldas.

En su reciente visita, representantes del Ministerio Público evaluaron el cumplimiento de los compromisos establecidos por la Asociación Aerocafé, en especial en lo que concierne a las cuatro alertas y seis sugerencias emitidas por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

El equipo de la Procuraduría revisó a fondo los términos de referencia del proceso de precalificación. Esta etapa definirá el grupo de empresas habilitadas para participar en la convocatoria pública destinada a adjudicar el contrato de construcción del Lado Aire – Etapa 1, una de las obras clave del proyecto.

Se inspeccionaron aspectos técnicos y ambientales, así como el presupuesto asignado, el estado de la adquisición de predios, y las negociaciones con propietarios. La revisión permitió a la entidad verificar si estos elementos se alinean con el cronograma oficial.

Control permanente a Aerocafé

Desde la Procuraduría Regional de Caldas, se reiteró que el acompañamiento continuará durante todas las etapas restantes del proyecto. Para ello, se han planificado visitas administrativas tanto a la gerencia del proyecto como a la Gobernación de Caldas, con el objetivo de confirmar el nivel de avance de cada una de las tareas.

El ente de control informó además que ha recibido respuestas a las observaciones planteadas previamente y que continuará su participación activa en las reuniones técnicas. También se comprometió a seguir solicitando información aclaratoria cuando sea necesario.

Supervisión articulada

Con estas acciones, la Procuraduría reafirma su intención de garantizar que Aerocafé avance conforme a los principios de eficiencia, transparencia y legalidad, considerando la importancia estratégica del aeropuerto para la región cafetera. El seguimiento técnico y jurídico, según explicó el Ministerio Público, es una garantía de que los recursos públicos se administren con rigor y de acuerdo con la normatividad vigente.

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