Pretendía frenar el proceso de elección del contralor de Caldas, pero un juez no le dio la razón: ¿qué pasó?

El Juzgado 38 Civil Municipal de Cali declaró como improcedente la tutela que presentó  Héctor James Zúñiga en contra de la Asamblea de Caldas y con la que pretendía dejar sin efectos la resolución que reanudó la etapa de inscripción del proceso de elección del Contralor Departamental para el periodo 2026-2029. 

El fallo se dio a conocer el 10 de julio y según la sentencia, para James Zúñiga el tiempo fue corto para inscribirse y por ello consideró que la entidad vulneró su derecho fundamental a la participación política y al debido proceso administrativo. 

Por ello, solicitó "un nuevo término razonable y equitativo, considerando que no se inscribió en la convocatoria pública, debido a que la única difusión al momento de reanudarse la convocatoria, fue su publicación en la página web de la Asamblea, lo cual resultó  insuficiente, sorpresiva y restrictiva para el ejercicio efectivo del derecho de participación".

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Sin perjuicio

Ante esto, la Asamblea respondió al juez que cuenta con un cronograma y en él que estipuló a los aspirantes los pasos y los tiempos.

Sin embargo, a raíz de la notificación de una acción de tutela del 12 de junio "se suspendieron los términos el 12 de junio, es decir, faltando 22 horas y 48 minutos para el cierre de inscripciones, por lo que, una vez levantada la suspensión, se hizo necesario reanudar la convocatoria en la etapa que se encontraba y por el término restante, siendo debidamente publicado al público".

Al analizar lo expuesto por los involucrados, el juez expuso en la sentencia que la Asamblea demostró que la convocatoria pública se difundió por las páginas de Facebook e Instagram de la corporación, así como en medios como LA PATRIA, el portal BC Noticias y Caracol Radio, "por lo que, le correspondía al señor Héctor James Zúñiga hacer seguimiento de la convocatoria con una actitud cuidadosa, responsable y diligente, como lo hicieron las personas inscritas".

Asimismo, advirtió que al no demostrarse un perjuicio irremediable tampoco hay una vulneración de derecho fundamental.

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