¿Qué está pasando con los recursos del PAE?: Se muestran aumentos y bajas en los últimos tres años

El Programa de Alimentación Escolar (PAE), reconocido como un programa social de lucha contra el hambre en el ámbito educativo, se ha consolidado como una de las prioridades presupuestales del Gobierno. Sin embargo, las condiciones que favorecen su permanencia y éxito escolar se han visto afectadas por constantes intermitencias. 

Entre 2022 y 2025, el Gobierno manifiesta que ha incrementado de manera sostenida los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE). “Los recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación (PGN), canalizados a través de la Unidad de Alimentos para Aprender (Uapa), pasaron de 1,26 billones de pesos en 2022 a 2,13 billones en 2025, lo que representa un aumento del 68 %. En el 2026 se destinarán 2,9 billones de pesos para la implementación del PAE en el país”, apunta el Ministerio de Educación a través de su página.

Cabe recordar que para garantizar el funcionamiento del programa la inversión referenciada se suma a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), recursos de regalías y aportes propios de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), con el fin de garantizar la continuidad y sostenibilidad del programa.

Las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) son responsables de asegurar la operación del PAE en sus respectivos territorios, lo que implica la planificación integral del servicio de alimentación escolar y la ejecución oportuna de los procesos de contratación. Esta responsabilidad incluye garantizar la prestación del servicio desde el primer día del calendario académico y sin interrupciones durante todo el año escolar, en función de las necesidades locales y las condiciones operativas específicas de cada territorio.

Aun así, persisten preocupaciones sobre la capacidad de las ETC para garantizar su implementación efectiva y oportuna en los territorios. Algunas decisiones adoptadas por las ETC que han impactado negativamente el desarrollo del programa incluyen:

• Los aportes propios de cofinanciación de algunas ETC han registrado una tendencia decreciente desde 2021, en contravía del mandato establecido en la Ley 2167 de 2021, que exige un incremento anual en términos reales de dichos recursos. Esta disminución compromete la sostenibilidad financiera del PAE y limita su capacidad de respuesta frente a las necesidades territoriales.
• Se evidencian deficiencias en los procesos de planeación de algunas ETC, lo que se traduce en niveles de cobertura estancados o incluso decrecientes, a pesar del incremento sostenido en el financiamiento nacional.
• Las decisiones adoptadas en torno a los procesos de contratación y la distribución de los complementos alimentarios no responden adecuadamente a los criterios de priorización definidos por la UAPA ni a las condiciones particulares de cada territorio, lo que limita el uso eficiente de los recursos asignados al PAE
• Persisten debilidades en la definición de los costos asociados a la prestación del servicio, lo que reduce la capacidad de ampliar la cobertura estudiantil o de extender el número de días de atención durante el calendario académico
• Los procesos de contratación que no promueven la articulación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) con la economía local desconocen la producción regional, las costumbres alimentarias y las dinámicas socioculturales del territorio. Esta desconexión incrementa los costos logísticos y de intermediación, afectando la eficiencia del uso de los recursos públicos. Resulta especialmente preocupante que, en varias Entidades ETC, se observe una reiterada selección de los mismos operadores, lo que limita la competencia, la innovación y la inclusión de actores locales en la cadena de valor del programa.

En 82 Entidades Territoriales se presenta una disminución de la cobertura del programa en 421 mil 514 estudiantes, lo que genera inequidades y limita el acceso efectivo al derecho a la educación y a la alimentación para millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes vinculados al sistema educativo.

Por ejemplo, en 2022, con una inversión cercana a los 3,3 billones de pesos, la cobertura promedio nacional fue del 72,6%. Para 2024, con una inversión superior a los 5,2 billones de pesos, la cobertura apenas alcanzó un promedio de 76,14% a junio de 2025, evidenciando una desaceleración en la expansión del programa. Esta brecha es especialmente crítica en departamentos y municipios con alta vulnerabilidad social, donde el PAE representa un componente esencial para garantizar condiciones mínimas de permanencia escolar.

*Con información del Ministerio de Educación. 

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