Tenemos alerta sobre la posible presencia campamentaria del Eln en Risaralda: Defensora del Pueblo

En una reciente visita de la Defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz a territorio risaraldense le tocó un trancón por protestas de ciudadanos que paralizaron el tráfico por los constantes retrasos en la entrega de medicamentos. 

En su visita, Marín tenía en su agenda, como uno de los temas centrales, la crisis que enfrenta el departamento por los incumplimientos de las Eps, los desafíos de seguridad y el rechazo general de la violencia. 

Retrasos en medicamentos y servicios médicos

La funcionaria advirtió que los fármacos con mayores problemas de entrega corresponden a tratamientos para hipertensión, salud mental y diabetes, lo que ha derivado en un aumento de pacientes en servicios de urgencias y centros de salud. 

Según explicó, la falta de estos medicamentos está afectando directamente la salud de la población, debilitando su estado general y obligando a muchos a buscar atención de emergencia.

“Los medicamentos que más demora o falta de entrega tienen, están relacionados con hipertensión, con salud mental y con diabetes. Esto puede estar generando, y así lo estamos viendo en las tendencias, que están llegando cada vez más pacientes a urgencias o a centros de salud, por malestares relacionados con el debilitamiento, con el hecho de no estar teniendo estos medicamentos”.

Uno de los puntos críticos señalados fue el cambio de dispensarios de la Nueva Eps. Marín relató que incluso en la mañana de la reunión se registró un bloqueo vial por usuarios que reclamaban la entrega de sus medicinas. 

“La Nueva Eps argumenta que no ha realizado un pago de anticipo y el operador farmacéutico se niega a continuar prestando el servicio. La EPS se comprometió a un acuerdo de pago urgente para evitar la suspensión de la entrega”, señaló.

Con respecto a los pagos, la defensora señaló que otro de los acuerdos se hizo con la Contraloría y la comisión de moralización para hacer conciliación de cuentas.  

La defensora agregó que persisten problemas estructurales como la restricción o cierre de algunos servicios médicos, la dilación en la asignación de citas especializadas y las precarias condiciones laborales de parte del personal de salud.

“Vemos también la afectación de las condiciones laborales y contractuales del personal de salud. También vemos la restricción o inclusive el cierre de algunos servicios y sobre todo la dilatación en las citas médicas en la programación de las citas médicas especializadas”, mencionó. 

Tramitadores y uso de tutelas

Otro punto crítico expuesto fue la proliferación de intermediarios que cobran a pacientes por realizar filas, conseguir medicamentos o agilizar citas médicas. Según Marín, esto constituye una privatización de facto de la salud y un riesgo adicional para los usuarios. 

La Defensoría ha aumentado el uso de tutelas para garantizar el acceso a la atención, pero advirtió que “muchas veces ni siquiera las órdenes judiciales están siendo cumplidas”.

Finalmente, Marín hizo un llamado de atención a la Superintendencia Nacional de Salud para que actúe con mayor contundencia para frenar los abusos y resolver las quejas que llegan a la entidad.

Riesgo de reclutamiento de menores

En el encuentro con el gobernador y alcaldes municipales, la Defensoría revisó las diez prioridades del decálogo para la defensa de los derechos humanos en el departamento. 

Entre las principales preocupaciones está la posible expansión del Eln y del Clan del Golfo, particularmente en territorios étnicos, lo que incrementa el riesgo de reclutamiento forzado.

Marín recordó que existe una alerta temprana vigente que señala este riesgo, y mencionó que, aunque no hay casos confirmados de reclutamiento en Risaralda, sí se evidencian intentos de instrumentalización de menores por parte de estructuras criminales, especialmente del grupo La Cordillera en Pereira.

“Como digo, no tenemos casos verificados en el departamento, si es está el tema de utilización y uso de parte de otras estructuras armadas como la de criminalidad organizada que se presenta en otras áreas del departamento como el municipio de Pereira”.

Uno de los temas álgidos de la reunión fue la expansión de los grupos armados como el Eln y Clan del Golfo en Risaralda. Marín Ortiz declaró que la Defensoría ya había alertado de la presencia de los grupos en el departamento. 

“La Defensoría del Pueblo hace un par de años había alertado por la presencia no campamentaria del Eln en Risaralda, pero recientemente tenemos alertas sobre la posible presencia campamentaria de este grupo armado ilegal, lo cual mostraría no sólo una expansión, sino una presencia más permanente en el departamento”.

Rechazo a la violencia política

La defensora lamentó profundamente el asesinato del senador Miguel Uribe, recordando que Colombia llevaba 35 años sin un magnicidio de un aspirante presidencial. 

“Es un retroceso enorme para la democracia”, dijo, insistiendo en la necesidad de rechazar la violencia “venga de donde venga” y en fortalecer el pacto electoral por elecciones libres y en paz, firmado con el respaldo de la ONU, la Iglesia Católica y varias embajadas.

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