En riesgo la salud de maestros en Risaralda por incumplimientos del Fomag

La crisis de los hospitales públicos de Risaralda se agudiza con el paso de los días. Las deudas millonarias que tienen las entidades han empezado a desencadenar en cierre de servicios, afectando a miles de usuarios en el departamento. 

La petición más reciente que hicieron los hospitales del departamento van dirigidas a los dirigentes del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), para denunciar una situación de profunda gravedad que pone en riesgo la continuidad en la prestación de servicios de salud de los docentes y sus familias que se encuentran en los municipios del departamento.

Desde hace varios meses, los hospitales públicos han esperado que Fomag cumpla las promesas sobre la contratación con los hospitales públicos y el pago oportuno de sus acreencias con el objetivo de modificar el modelo de prestación de servicios que se venía realizándose a los docentes y sus familias y generar un nuevo modelo centrado en la prevención, promoción y predicción. 

No obstante, la realidad es distinta. En la actualidad, y después de varios meses de operación, los hospitales se vienen enfrentando a retrasos sistemáticos en la contratación y pagos mínimos por parte del Fomag, sin que exista voluntad real de solución.

A pesar de que la contratación corresponde directamente al Fondo, las ESE se ven obligadas a interactuar con un tercero, la firma auditora D&G Consultores S.A., que no solo actúa como intermediario sin capacidad de decisión, sino que además dilata las respuestas y genera barreras administrativas que impiden el flujo normal del servicio. 

La crisis aumenta debido a que en una reunión realizada la semana pasada entre Fomag y los hospitales para lograr aclarar cuentas y recibir pago, no se generó ninguna solución por parte de los directivos del fondo, aduciendo que eso debía ser revisado con la forma auditora, quedando sin ninguna solución a sus dificultades financieras.

Durante este tiempo, las instituciones han participado en mesas técnicas, enviado solicitudes formales y buscado acuerdos conciliatorios, sin lograr avances concretos. 

Las glosas injustificadas, la exigencia de autogestión en plataformas no contratadas como Horus, y la falta de pagos por servicios ya prestados, tiene en dificultades financieras a varias de las ESE del departamento.

Hospitales asfixiados

Así lo dejó en evidencia la gerente del Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Mistrató, Olga Patricia Colorado, que anunció el cierre de servicios a los usuarios del Fomag, ante la no solución oportuna a las dificultades con esta entidad.

Fomag le debe a este hospital en Mistrató más de $75 millones, que son recursos necesarios para las operaciones oportunas de este centro asistencial. 

El caso del Hospital Santa Ana de Guática es muestra del abandono: tras varias sesiones de conciliación, no se han resuelto glosas ni saldado una cartera que supera los $41 millones, una cifra insostenible para un hospital cuya facturación mensual ronda los $12 millones. 

La ausencia de contrato vigente y la negativa del fondo y su auditor para dar solución han obligado a esta institución a suspender desde hoy, 2 de julio, la atención a usuarios del Magisterio, exceptuando únicamente las urgencias vitales.

A este panorama se le suma la situación del Hospital San José del municipio de La Celia, donde las diferentes mesas del Fomag se comprometieron a hacer los respectivos pagos, pero, al contrario, el resultado fue que todas las cuentas fueron glosadas (objetadas).

“Desde AiSalud denunciamos que el FOMAG y D&G Consultores están incumpliendo en forma reiterada los compromisos con las instituciones públicas, dejando en la incertidumbre tanto a los usuarios del magisterio y sus familias como a los profesionales de la salud“ señalaron en un comunicado. 

Ante la situación que sigue incrementando, los hospitales públicos de Risaralda realizaron un llamado urgente al Gobierno Nacional, al Ministerio de Educación, al Fomag y a los órganos de control, para que intervengan de manera inmediata. 

“Los hospitales públicos no pueden seguir prestando servicios sin respaldo contractual ni financiero. La salud de las comunidades y la viabilidad de la red hospitalaria están en juego”, finalizan en el comunicado.

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