19 años después: el juicio por peculado que involucra al Ejército en el caso de uniformes y guerrilla

Un hombre que fungió como almacenista del Batallón del Ejército en Armenia enfrenta un juicio por peculado por apropiación, tras casi 20 años de conocido el caso. El juicio se realiza en el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Manizales.

Por estos hechos, el Juzgado 9 de Instancia de Brigada condenó a Jhon Fernando Borrero Sánchez, que desempeñaba las mimas funciones en el Batallón Ayacucho. Tras un largo análisis, se determinó que la justicia ordinaria debía juzgar al otro señalado, conocido como Aldemar.

Robo de prendas para la guerrilla

El 17 de noviembre del 2006, un soldado recibió la orden de alistar material de intendencia para llevar como préstamo. Se empacaron 130 uniformes camuflados, 20 reatas, 55 almohadas y 2 cajas con 20 pares de botas de combate.

Borrero Sánchez le indicó al uniformado que debía subir los elementos a un carro, también propiedad del Ejército. Luego viajaron juntos con destino a Armenia, pero antes de llegar al contingente, hizo que se desviara a la vereda San Juan, en Salento.

Allí, según el testigo, unas personas descargaron el vehículo y se verificó que la vivienda era de Aldemar. A él le dieron $200 mil por el viaje, pero denunció lo ocurrido y en un operativo de la Sijín, recuperaron la mercancía, avaluada en $9 millones 206 mil.

El hallazgo se registró en un taller, cuyo propietario indicó que había recibido $500 mil de manos de Aldemar para que le guardara el material. Al parecer, los uniformes tenían como destino un grupo guerrillero.

Condena y jurisdicción

El cabo Borrero Sánchez terminó condenado como autor por la justicia penal militar. Para su presunto colaborador, Aldemar, la Corte Constitucional, concluyó que sería la ordinaria la que lo juzgaría, dado que fue cómplice.

"Al no ser inherente al servicio, ni derivarse de la función asignada, ni hacer parte del acatamiento de una orden impartida por su comandante superior", pasó a la justicia ordinaria, según el Juzgado 57 de Instrucción Penal Militar.

Tras muchos ires y venires en tribunales y corte, y aplazamientos, el 8 de marzo del 2024 se hizo la formulación de acusación contra Aldemar. El próximo viernes se conocerá si lo declaran inocente o culpable.

Pide absolución por prescripción

La defensa del señalado expuso, durante los alegatos de conclusión, que no existe evidencia clara de la comisión del delito, no se demostró su responsabilidad y por eso debe reinar la duda a favor del procesado y absolverlo.

Añadió que el valor de lo apropiado no superaba los 50 salarios mínimos, además no lo juzgan como autor, sino como cómplice y el caso debió prescribir, dado que la imputación fue el 5 de noviembre del 2020 y ya se superaron los 45 meses que contempla la pena.

También sostuvo que el ente acusador no logró demostrar la condición de funcionario público de su defendido y sentenció que el hombre no era almacenista para la época de los hechos.

La prueba del carro

En la vivienda del señalado se encontró un carro de su propiedad, el que se había utilizado para llevar el material de intendencia hasta el taller.

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