La crisis por Nueva EPS se profundiza en Caldas, esto dice el médico y abogado José Norman Salazar

La crisis en salud por Nueva EPS en Caldas llega a un estado crítico. Instituciones públicas y privadas reportan -a diario- restricción de servicios o el cierre definitivo de los mismos por falta de pago desde la aseguradora. Y ni decir los reclamos que se escuchan por la intermitencia en la dispensación de medicamentos. 

Este 20 de octubre nuevamente elevó su queja el Hospital Departamental Santa Sofía, que no recibirá más pacientes hasta que la aseguradora le gire todo lo que le adeuda. Desde hace semanas reclamaba $12 mil millones, pero aún no le giran.

“El viernes anterior se produjo la postulación semanal del giro directo por parte del Nueva EPS. En este documento no aparece reflejado ningún pago o abono para el Hospital Santa Sofía, aún cuando la deuda supera los $12 mil millones”, detalló Carlos Piedrahíta Gutiérrez, gerente de la entidad.

El cierre también es efectivo, por estos días, en la Clínica Avidanti y en las principales instituciones de salud mental de la capital de Caldas, con lo que eso implica: la desprotección de los enfermos.

Pero los problemas no son solo en Manizales. En Aranzazu, el Hospital San Vicente de Paúl también pasa dificultades, sin especificar cuánto le deben. Desde este 27 de octubre, subrayó, solo atenderá urgencias vitales a estos usuarios.

El Hospital Santa Teresita, de Pácora, recién abrió servicios el 15 de octubre, luego de mantenerlos cerrados un mes; y el SES Hospital Universitario de Caldas está que colapsa por lo que dejan de atender otros y por las remisiones desde los municipios.

Con soporte técnico y científico

Organismos de control, como la Personería de Manizales (Pema), han puesto su lupa sobre la dificultad que se vive a este nivel. A ellos también acuden los pacientes que buscan solución a sus casos.

El médico José Norman Salazar, director del Centro Nacional de Derecho Médico, asumió la vocería de sus colegas para ayudar como soporte técnico y científico en la acción popular presentada por la Pema (ya admitida), ante la no entrega adecuada de medicamentos.

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Su intención es la de reforzar y explicar al Tribunal Administrativo de Caldas lo vital que resulta no suspender la entrega de medicamentos. Hacerlo, según él, pone en riesgo la salud y la vida de miles de pacientes; recargando esto también a los prestadores de servicios.

“La Personería de Manizales recopiló información detallada del primer semestre de 2025 que demuestra cómo, mes a mes, se negaron tratamientos esenciales. Se explicó al juez qué significa que un paciente hipertenso no reciba su medicamento por meses o que un trasplantado quede sin tratamiento inmunosupresor”.

Salazar mencionó que la crisis toca lo más humano del ejercicio médico: la impotencia de ver pacientes descompensados por la negligencia en el suministro de fármacos. La coadyuvancia que hará, según él, busca que la justicia actúe con medidas provisionales que mitiguen el daño antes de que la incierta reforma a la salud llegue.

“La idea es que el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas emita una orden inmediata que obligue a garantizar el suministro de medicamentos. No se puede esperar una reforma que no se sabe cuándo llegará. Los usuarios de Manizales y Caldas necesitan soluciones urgentes, no promesas políticas o tecnicismos administrativos”, dijo el también abogado.

El panorama, desde su perspectiva, es sombrío. Las instituciones continúan cerrando servicios por falta de pagos, mientras los pacientes acumulan tutelas que saturan al sistema judicial. 

“El colapso no es solo financiero, sino ético: el Estado está incumpliendo su deber de proteger la vida y la salud. Los médicos vemos cada día pacientes que podrían ser nuestros padres o hijos, descompensados por la falta de medicamentos”.

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Sin futuro a corto plazo

Salazar insiste en que la reforma a la salud no ofrecerá soluciones a corto plazo. El reciente retiro del aval financiero del Ministerio de Hacienda a esta, demuestra que el proyecto gubernamental no tiene mucho futuro.

“La reforma no tiene financiación. Por eso debemos actuar desde lo local, con decisiones judiciales que generen alivio. La Corte Constitucional ya lo ha advertido, pero si el Congreso no responde, serán los jueces quienes deban proteger la salud de los colombianos”, concluyó el experto.

A la espera

LA PATRIA consultó con Nueva EPS sobre los dos cierres detallados, estos en el Hospital Departamental Santa Sofía y en el Hospital San Vicente de Paúl, de Aranzazu. Se conoció que ya son de conocimiento de la aseguradora. Sin embargo, se sigue a la espera de los recursos y de respuestas para con los caldenses.

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Quéjese, ante la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), si tiene problemas con su EPS o entidades asociadas. Acceda a la línea gratuita 018000 513700 o ingrese al portal www.supersalud.gov.co

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