CIDH admite denuncia de familias de Marmato por daños de minería: un camino de 25 años de lucha

Cerca de 25 años llevan luchando 30 familias de Marmato por cuenta de las socavaciones, hundimiento de la plaza principal y colapso de viviendas y locales comerciales, causados por la actividad minera en el corazón del municipio.

Hoy, tras una larga lucha, parecen encontrar una luz tras la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que admitió la denuncia contra el Estado por la falta de fiscalización a la explotación que efectuaron las empresas, por medio de contratos de concesión.

Alejandro Franco Castaño, abogado de las víctimas, relató que desde el 2004 inició como defensor de las personas que se vieron obligadas a desplazarse por la pérdida de sus propiedades.

El litigante explicó que estos permisos otorgados por el Ministerio de Minas y la Delegación Minera, dependencia de la Gobernación de Caldas en ese entonces, permitían actividades por debajo, incluso, de la Alcaldía y otras entidades municipales.

Perdieron sus propiedades

Entre 1999 y el 2001 se empezaron a evidenciar los daños, lo que llevó a los ciudadanos a demandar en el 2004 y apenas 8 años después, en el 2012, el Juzgado Segundo Administrativo de Manizales falló a favor, condenando al Estado por omisión y le ordenaba indemnizar a las víctimas.

Sin embargo, el Ministerio de Minas apeló y el Tribunal Administrativo de Caldas revocó la medida en el 2013. Tras agotar los recursos y procedimientos internos, Franco Castaño acudió en el 2015 a la CIDH, que tras 10 años admitió la petición.

"La tesis de la demanda era que había varias causas, el Estado fue irresponsable al otorgar la concesión del subsuelo y se estaba desarrollando una minería sin control, no fiscalizaban a los concesionarios, la población estaba desprotegida", recalcó Franco Castaño.

El abogado añadió que la etapa más difícil era la previa, en la que la Comisión estudiaba su admisión. Tras la respuesta, se dio traslado a la Cancillería y al Estado, que contarán con cuatro meses para dar una respuesta de fondo.

Así mismo, los peticionarios podrán intervenir y luego de esto se rendirá el informe final, donde se hablaría de las reparaciones a las víctimas o la responsabilidad de los demandados. Para tomar una decisión de fondo, podrían darse de 1 a 2 años más.

Lo que dice la CIDH

"En el presente caso, la CIDH observa que, si bien los tribunales internos concluyeron que los daños alegados por las presuntas víctimas no eran atribuibles únicamente a las autoridades y, con base en ello, rechazaron la demanda, la parte peticionaria presenta una serie de elementos probatorios que indicarían que la minería en la zona se ha desarrollado sin cumplir con las especificaciones técnicas exigidas por la reglamentación minera, lo que habría generado subsidencias en el suelo y pérdida de estabilidad en las edificaciones".

"A criterio de la Comisión, existen suficientes elementos de prueba que demuestran, al menos de manera preliminar, que las omisiones y acciones del Estado habrían contribuido a las afectaciones sufridas por las presuntas víctimas. En consecuencia, corresponde realizar un examen de fondo para determinar si el nivel de incidencia estatal resulta suficiente para declarar la responsabilidad de Colombia en el presente asunto".

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