La jueza Sandra Heredia acredita la responsabilidad de Álvaro Uribe en el delito de soborno en actuación penal

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) fue considerado responsable del delito de soborno en actuación penal, uno de los tres por los que fue llevado a juicio, dijo este lunes la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia.

"El primer soborno en actuación penal en cuanto a la materialidad de la conducta punible ha quedado acreditado", dijo la jueza al evaluar los contactos del abogado Diego Cadena, que representó a Uribe, con el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, preso en una cárcel de Bogotá, para que éste no declarara sobre los supuestos vínculos del expresidente con esos grupos armados ilegales. 

Según la jueza, en el caso de Monsalve se puso en marcha una campaña para que "faltara la verdad ante la Corte Suprema de Justicia y desmintiera lo dicho" anteriormente sobre supuestos vínculos con los paramilitares de Uribe y su hermano Santiago.

"Pero adicionalmente debía argumentar que lo allí expresado era producto de la actividad malintencionada del senador Iván Cepeda Castro, quien había obtenido ese coloquio bajo promesas de beneficios carcelarios", agregó Heredia.

La jueza no ha precisado, sin embargo, si el expresidente es responsable de ese delito en calidad de determinador.

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El testigo principal

Monsalve, principal testigo del caso, hizo parte del Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y es hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, que era de propiedad de la familia de Uribe.

En su comparecencia ante la Corte Suprema de Justicia, que fue la primera que abrió la investigación a Uribe como parte de una disputa con Cepeda, Monsalve testificó que el Bloque Metro se fundó en esa finca entre 1996 y 1997 con la participación de varias personas, entre ellas los hermanos Uribe Vélez.

Según su versión, en esa hacienda se planearon matanzas que luego cometieron los escuadrones paramilitares, acusaciones que Uribe y su defensa siempre han negado.

La jueza aseguró que es "ostensible que el acusado (Uribe) conocía del plan que se maquinaba: emboscar a Monsalve" al inducirlo a que cambiara su testimonio ante la justicia.

Este proceso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.

Sin embargo, el magistrado que tomó el caso, José Luis Barceló, no abrió investigación contra el congresista sino que le inició un proceso al expresidente por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.

Admisión de pruebas rechazadas por la defensa

En la primera parte de la lectura del fallo, la jueza validó hoy las interceptaciones al celular del exmandatario y las grabaciones con un reloj espía hechas por Monsalve en la cárcel bogotana de La Picota, donde conversó con el abogado Cadena. La defensa de Uribe había pedido que ambas pruebas fueran rechazadas por ilegales.

El objetivo de esas visitas de Cadena supuestamente era ofrecerle ayuda a Monsalve a cambio de que no declarara en contra de Uribe por sus posibles vínculos con los paramilitares.

El reloj le fue entregado a Monsalve por su pareja de entonces, Deyanira Gómez, con el fin de grabar en secreto las conversaciones con Cadena. La jueza señaló que el hecho de ocultar esa información al interlocutor "no debe entenderse como una actuación indebida o delictiva".

"El debate probatorio no recae exclusivamente en las grabaciones magnetofónicas allegadas a juicio, sin embargo, se verificó la legalidad de estas, dilucidando los aspectos relacionados con la obtención para lo cual no se acudió a ellas por métodos ilícitos (...) estas videograbaciones tampoco fueron obtenidas violando el derecho a la intimidad ni se realizaron de mala fe", manifestó la jueza. 

Siete horas de audiencia

La jueza empezó hoy la lectura del fallo a las 8:30 de la mañana, en una audiencia que cuenta con la presencia del senador de izquierdas Iván Cepeda, acreditado como víctima en este caso, y de sus abogados, mientras que Uribe asistió de manera virtual desde su finca en la localidad de Rionegro, cercana a Medellín.

En la primera parte de la audiencia, que se transmite en vivo y continúa en estos momentos tras casi siete horas desde su inicio, Heredia avaló dos pruebas clave de la acusación: unas intercepciones al teléfono de Uribe y grabaciones hechas con un reloj espía, elementos que la defensa del exmandatario había solicitado excluir por considerarlos ilegales.

Magistrados piden protección para la jueza

La Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) expresó este lunes su "solidaridad y apoyo" con la jueza Sandra Heredia, y pidió a las autoridades continuar adoptando los mecanismos necesarios para su protección.

"En representación de funcionarios (as) judiciales de diferentes distritos judiciales del país, (Corjusticia) expresa su solidaridad y apoyo a la Dra. Sandra Liliana Heredia Aranda, Juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, a quien, como es de público conocimiento, le fue asignada la responsabilidad de juzgar al Sr. Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República", sostuvo la junta directiva del gremio en un comunicado.

Los jueces y magistrados subrayaron la "importancia de la independencia y autonomía judicial" y exhortaron a las autoridades, a los medios de comunicación, a las partes del proceso judicial y a la comunidad nacional e internacional "a respetar el ejercicio funcional" de Heredia, "así como la decisión que profiera este asunto".

Corjusticia pidió también al Gobierno y al Consejo Superior de la Judicatura "continuar adoptando los mecanismos necesarios para garantizarle a todos los jueces (...) las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones, incluyéndose las medidas de protección que se requieran conforme a cada caso".

Heredia tiene en sus manos el juicio más mediático que ha enfrentado el país y un fallo que, por primera vez, podría condenar penalmente en primera instancia a un expresidente de Colombia.

Por este caso, que se remonta a 2012, Uribe enfrenta una posible condena de entre seis y doce años de prisión por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.

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