"No es posible realizar procesos de planeación y logísticos para una consulta popular", registrador Nacional

Dejar la decisión en manos de las altas cortes. Esa fue la postura que tomó este martes (17 de junio) la Registraduría Nacional del Estado Civil sobre el futuro de la consulta popular en Colombia.

"Está en juego el orden institucional del país, la democracia y cuando existen controversias jurídicas entre dos ramas del nivel administrativo es donde deben llegar los jueces a tomar la decisión", indicó el registrador Nacional, el caldense Hernán Penagos.

Asimismo, manifestó que recibieron dos informes sobre el proceso. Uno provenía del presidente del Senado (Efraín Cepeda) y en él informaban que negaban la solicitud de la consulta popular.

El otro fue del ministro del Interior (Armando Benedetti) declarando la excepción de inconstitucionalidad de la decisión del Senado y comunicando la convocatoria a consulta popular para el 7 de agosto.

"Estamos frente a un problema jurídico de talla mayor. Hay una serie de acciones judiciales que cursan en el Consejo de Estado (CE) y en la Corte Constitucional (CC). Existe una demanda de acción de nulidad en la Sección Quinta del CE y fue admitida porque existe un acto administrativo, porque ese acto administrativo es de contenido electoral y que es definitivo. Por ello, el CE debe resolver si declara o no la suspensión de la decisión adoptada por el Senado", dijo.

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Agregó que en el CE hay por lo menos 10 acciones de nulidad simple, 34 acciones de nulidad por inconstitucionalidad y 97 tutelas.

En la CC cursan 11 demandas de inconstitucionalidad y a la Registraduría han llegado diferentes solicitudes, seis de ellas pidiendo la inconstitucionalidad y múltiples derechos de petición.

Según Penagos, las acciones que tomará la Registraduría son:

1. Solicitar concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para saber si se han cumplido con los requisitos.

2. Remitir copia de la solicitud a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para saber si se continúa o no con el trámite

3. Remitir copia de la solicitud a la Procuraduría General de la Nación.

4. Solicitar a las altas cortes que se pronuncien de manera ágil sobre las demandas que cursan en el Consejo de Estado y en la Corte Constitucional.

El registrador subrayó que "está en juego el principio de separación de poderes" y añadió: "Aspiro a que haya una decisión pronta de los jueces" para saber "si continuamos o no con los trámites de la consulta popular convocada".

Logísticamente inviable hacer la consulta popular

"La Registraduría para convocar esta consulta, si las cortes ordenan que se lleve a cabo, debe construir un presupuesto que está en alrededor de los $750 mil millones. De hoy a la fecha de convocatoria (7 de agosto) hay cerca de 53 días y materialmente no es posible realizar los procesos de planeación y logísticos para una consulta popular. Mínimo se requiere de tres meses porque una consulta popular es semejante a un proceso electoral ordinario porque hay que convocar a todos los habitantes del país", explicó el registrador Nacional.

Añadió que llevan meses preparando las elecciones del 2026 para garantizar el derecho al voto y por ello esta consulta también requiere un proceso ordenado, pues son por lo menos 112 mil las mesas de votación que se instalarían y se tendría que llevar material electoral a 67 países y 124 consulados, y capacitación a 650 mil jurados.

"La tarea de la distribución del material electoral a esos lugares es difícil, pues este solo proceso conlleva meses para que llegue oportunamente".

Adicionalmente, al no ser una votación ordinaria como las de presidente, Congreso, alcaldes y gobernadores, "hay que capacitar a unos 650.000 jurados en todo el país", tarea que lleva semanas, concluyó. 

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