Responsabilizan al Estado por muerte de magistrado caldense en la toma del Palacio de Justicia, hace 40 años

Han pasado 40 años desde la toma del Palacio de Justicia, tragedia que marcó la historia judicial y política de Colombia, pero solo hasta ahora el Estado reconoce su parte de responsabilidad por la muerte de Jorge Alberto Echeverry Correa, auxiliar caldense de la Corte Suprema de Justicia.

La decisión la tomó este viernes (7 de noviembre) la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que condenó patrimonialmente al Ministerio de Defensa por los daños causados a sus familiares.

El fallo establece que la muerte del jurista se debió a causas concurrentes: por un lado, la acción terrorista del M-19, que tomó violentamente el Palacio; por otro, la omisión del Estado en sus deberes de protección y el uso excesivo de la fuerza durante la retoma del edificio.

“Esta constituyó tal vez la afrenta más grave al Estado de Derecho desde la fundación de la República”, señaló el alto tribunal en un comunicado.

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La familia de Jorge Alberto Echeverry, entre la incertidumbre y el duelo

Jorge Alberto Echeverry tenía 32 años cuando murió en los hechos. Se había formado en la escuela Juan XXIII, el Instituto Universitario y la Universidad de Caldas, en Manizales, donde se graduó como abogado.

A los 20 años ya era juez. Su carrera lo llevó a Aguadas, La Dorada y, finalmente, a la Corte Suprema, como auxiliar de la magistrada caldense Fanny González, primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de este tribunal.

Durante años, su familia creyó haber enterrado sus restos. Carlos Arturo Echeverry, su hermano, viajó desde Filadelfia (Caldas), su tierra, a Bogotá a reconocer el cuerpo calcinado, que identificó por un reloj que habían reparado juntos en Manizales. Sin embargo, en el 2017, Medicina Legal y la Fiscalía hallaron en esa tumba los restos de otro desaparecido del Palacio: Bernardo Beltrán.

Desde entonces, la familia Echeverry ha vivido en la incertidumbre de saber dónde está Jorge Alberto.

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El derecho a la verdad

Con esta determinación, el Consejo de Estado reconoció la responsabilidad estatal y subrayó el valor de la verdad como derecho colectivo e individual. Además, ordenó que el fallo sea publicado y leído públicamente en un acto oficial de perdón.

“La verdad preserva la memoria colectiva y libera del silencio que encierra la injusticia”, dictó el alto tribunal.

Asimismo, exhortó al Ministerio de Defensa a repetir contra los responsables materiales y de mando del M-19, señalando que la guerrilla también tuvo una participación directa en la muerte del magistrado caldense.

El fallo ordena indemnizar a los familiares de Jorge Alberto por perjuicios morales y lucro cesante. Su hermano Wadiz, poeta ya fallecido, escribió en su momento: “¿Dónde hallar a mi hermano querido? (...) Mi hermano no está en el ataúd, ni la doctora Fanny porque todo se quemó y quedaron cenizas. Creo que el Gobierno tenía afán de llenar los ataúdes. Nunca pudimos ver las tumbas, vinieron cerradas”.

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